Córdoba no sólo continúa perdiendo sus bosques nativos. También sigue perdiendo la posibilidad de recibir recursos necesarios para la preservación de los mismos. A un año de la dramática aprobación de la ley provincial de bosques nativos (N° 9814), Córdoba aún no ha concluido su ordenamiento territorial, conforme lo ordena la ley nacional. Sin bosques, sin agua, sin fondos para una adecuada gestión, la desidia y la obstinación siguen marcando el rumbo de la política ambiental provincial.
En efecto, la autoridad nacional es quien debe velar, antes de enviar los fondos que administra, por la adecuada congruencia entre la normativa provincial aprobada y lo dispuesto en los presupuestos mínimos nacionales. Salta, Santiago del Estero, Chaco, San Luis, Tucumán, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Mendoza, Misiones, Catamarca y San Juan, no sólo cuentan ya con su propia ley de ordenamiento, sino también han recibido el visto bueno nacional e incluso muchos de ellas ya han hecho uso de sus partidas. Córdoba, a contramano, aún se resiste a entender que ambiente y desarrollo pueden y deben ser dos caras de una misma moneda.
Esperemos con confianza que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que decidirá la suerte de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Universidad Nacional de Río Cuarto en contra de esta ley, ponga claridad y fin a este conflicto. Mientras tanto, hay mucho por hacer. Como sociedad, como partes del mismo medio del cual dependemos, no dejemos de valorar nuestros bosques, sus comunidades, su biodiversidad, su incalculable valor. Y en especial, no olvidemos, máxime en estos tiempos, “quiénes fueron” y “quiénes son” los responsables de esta triste historia. “El bosque es agua, el bosque es vida” .
